Leyendo la ultima edición (18 de julio de 2010) de la revista "semana" me encontré con un articulo mas acerca de los crímenes perpetrados por la fuerza publica colombiana y que los medios en su afán de esconder la verdad, han dado en llamar "falsos positivos".
En el mencionado articulo, cuyo link anexo al final de esta entrada del blog, resultan evidentes las atrocidades cometidas por los militares en la búsqueda del éxito profesional; que en los últimos 8 anos se ha medido en Colombia por el numero de muertos, que el hacendado presidente, usando una típica terminología castrense, empezó a llamar "positivos", como si las muertes de esta guerra interminable pudiesen ser realmente positivas para alguien.
No me sorprende para nada que el juez penal militar, Alexander Cortés, que valerosamente trasladó las investigaciones de estos crímenes a la justicia ordinaria, haya sido destituido, es algo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en esa farsa de justicia que es la penal militar.
Tampoco me sorprende que la directora de la justicia penal militar, Luz Marina Gil, haya tenido que renunciar a su cargo por la presión de los afectados por las investigaciones. Pero lo que definitivamente es indignante y que rebasa todas las normas del respeto a la memoria de los difuntos y sus deudos, es que el general Jorge Rodríguez, comandante de la Brigada 17 en control de operaciones del Batallón Voltigeros de Carepa, Antioquia, en donde se presentaron al menos 17 casos de asesinatos (falsos positivos) documentados por el juez Alexander Cortes, haya sido nombrado jefe de derechos humanos del ejercito.
Pero no voy a extenderme escribiendo acerca de lo que ya todos sabemos y que la revista "semana" presenta en el articulo mencionado.
Quería mas bien escribir acerca de la responsabilidad que le cabe a los asesinos, encubridores, planificadores y en última instancia a la sociedad que elige a estos y aquellos cegándose cobardemente ante la evidencia.
Acerca de la responsabilidad de los asesinos y encubridores es obvio que en en un juicio que cumpla con las normas básicas del derecho penal debiesen recibir condenas proporcionales a su delito, es decir, en el caso colombiano, la máxima pena de prisión.
Pero lo que suele ocurrir en estos casos, cuando ocurre algo lo cual casi nunca pasa, es que asesinos y encubridores terminen con simples sanciones disciplinarias como multas, descuentos de salarios, suspensiones o en el peor de los casos destitución de sus cargos.
Ojala algún día la justicia penal internacional, que debiese tener una corte especial para juzgar los crímenes de estado en Colombia como la tuvo para Ruanda o la Ex Yugoeslavia se encargue de juzgar los crímenes de estado colombianos, por que esta probado que la justicia colombiana es incapaz de hacerlo.
Pero la responsabilidad se diluye cuando hablamos de quienes planifican la guerra lucrándose de ella, y ni hablar de la responsabilidad que le cabe a la sociedad en pleno por permitir y apoyar con su voto a los asesinos, encubridores y planificadores
Desde una perspectiva ética, que se puede esperar de una sociedad que sabe a ciencia cierta que sus dirigentes planifican y encubren crímenes como los que han ocurrido en Colombia en los últimos 40 años y a pesar de ello siguen eligiendo a los mismos asesinos ? Es esta sociedad cómplice por omisión de los crímenes de sus dirigentes ?
Si bien es cierto que es imposible endilgar una responsabilidad colectiva directa a un grupo humano tan heterogéneo como puede llegar a ser el colombiano, también resulta evidente que la indolencia de sus asociados ha permitido que sus dirigentes sigan en el poder y no han dado paso a transiciones realmente democráticas que permitan juzgar a los asesinos como ocurrió en Perú, Argentina y Chile, para poner tres ejemplos cercanos, que vivieron periodos similares de guerra sucia, pero a diferencia de Colombia, allí, una buena parte de los crímenes fueron juzgados y condenados, la sociedad hizo la transición necesaria y se reconcilio con el pasado para asumir el presente y mirar sin vergüenza al futuro.
El caso colombiano es distinto, es una sociedad que premia la picardía, es una sociedad en la que la maquiavélica forma del fin justifica los medios ha calado como nunca antes en la historia en el inconsciente colectivo.
Si pudiésemos hablar de responsabilidad colectiva, tal vez el castigo que recibe el pueblo colombiano por su indolencia y apatía ante los crímenes de estado, sea precisamente el de mantenerse subyugado por sus verdugos “Per Secula Seculorom”
http://www.semana.com/noticias-nacion/casos-olvidados-falsos-positivos/141863.aspx