MOCOA. CRÓNICA DE OTRA TRAGEDIA ANUNCIADA.

Cada que ocurre una tragedia natural ocasionada por desbordamiento de ríos o avalanchas de tierra coinciden el pasado con el presente y se puede predecir el futuro.

La tragedia de Mocoa estaba anunciada como fueron anunciadas oportunamente las de Ambalema, Doña Juana, Pereira, Sativanorte, la Paz, Andes, Purace, Rionegro, Toledo,  Dos Quebradas, El Playón, Gachalá, Quebradablanca, Guavio, Turriquitadó,  Tapartó, Dabeiba ,  Florida,  Bagadó, Armero, Villatina, Siloé,  Patio Bonito, Salgar y otras tantas cuyas consecuencias no merecieron titulares de prensa. 

Los científicos hacen su trabajo e informan a tiempo acerca de los riesgos en las regiones más vulnerables del país. Son muchos los estudios que se han adelantado al respecto y bastan cinco minutos de búsqueda en Internet para encontrarlos, es de suponer entonces  que las autoridades están enteradas pero no hacen nada para prevenir los desastres y no hace falta ser científico para saber el motivo; la prevención nunca es prioridad porque no hay voluntad política. Los diques, las canalizaciones, los reasentamientos, los muros de contención, los planes de evacuación,  no son políticamente útiles para las élites de poder nacional o local. Todo se mide con la vara del costo-beneficio y es evidente que trecientos muertos y unos cuantos miles de damnificados, en su mayoría pobres y de importancia marginal en términos económicos, no son suficientes para que la ecuación capitalista los incluya, nunca fueron importantes y nunca lo serán. Son simples cifras, cuerpos desmembrados y desmembrables, que harán parte ahora de una nueva estadística.

Lo primero que ocurre después de un desastre natural es una inmediata muestra de solidaridad de la gente que se manifiesta mucho antes que las mismas autoridades, luego vienen las declaraciones de los políticos de turno y dependiendo del tamaño de la tragedia, la cantidad de muertos y la cobertura mediática de los hechos, pueden ser emitidas por las autoridades locales, regionales o nacionales. Después y de acuerdo con la medida antes descrita el gobierno afirma disponer de recursos para la tragedia y asegura que implementará un plan de acción para lo cual nombrará una comisión del más alto nivel, eufemismos que en realidad quieren decir: “no tenemos la más remota idea de cómo vamos a hacer para solucionar este asunto pero ya veremos que se nos ocurre”. Uno o dos meses después cuando las ayudas prometidas no llegan a destino, o bien porque se las roban en el camino o porque no han sido enviadas, empiezan los afectados a manifestarse en las calles exigiendo respuestas inmediatas, las fuerzas del orden reprimen a los manifestantes cuantas veces sea necesario hasta que el gobierno se ve obligado a nombrar una nueva comisión que se encargará de repartir el presupuesto que se haya destinado a fin de auxiliar a las víctimas que se duplicarán  cuando las ayudas empiecen a llegar, si es que llegan, porque muchas personas que no se vieron afectadas intentarán recibirlas, son tantas las carencias de los pobres en Colombia que sobran las consideraciones éticas ante cualquier posibilidad de paliar su dolor y sufrimiento.

Detrás, por supuesto, estarán los contratistas que cobrarán diez veces más por todos los productos o servicios que presten para la ejecución de los contratos que serán adjudicados a dedo o en licitaciones amañadas, sobra decir que Procuraduría y Contraloría no se darán cuenta de nada y cinco años después, en el mejor de los casos y solo por casualidad,  la fiscalía iniciara algún proceso penal que terminara con una sentencia absolutoria cuando ya nadie se acuerde de Mocoa y en una nueva avalancha el número de muertos se multiplique porque los contratos adjudicados para darle solución definitiva al problema nunca fueron ejecutados  o se ejecutaron con el fin de enriquecer a los contratistas y a los políticos que como buitres darán vueltas alrededor del presupuesto.

Ese es el ciclo de las tragedias naturales en Colombia, en un par de meses o de años solo será necesario reemplazar Mocoa por  la nueva población afectada y este texto seguirá vigente.